Colectivos de víctimas y organizaciones civiles demandaron el 22 de mayo de 2026 la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Gobernación, para atender de forma inmediata y sostenida la crisis de desplazamiento forzado que afecta a comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.
Según las denuncias de las comunidades y agrupaciones civiles, los hechos se derivan de una escalada de violencia atribuida al grupo delincuencial conocido como “Los Ardillos”, que incluiría ataques armados, presuntos enfrentamientos y el uso de drones en algunas localidades. Estas agresiones han obligado a decenas y, según algunas organizaciones, a cientos de personas a abandonar sus hogares.
Las cifras sobre el número de desplazados varían entre las diferentes fuentes: hay reportes que hablan de decenas, otras de varios centenares, y autoridades federales han reconocido la presencia de personas desplazadas en la zona. Ante esa disparidad, los colectivos exigieron claridad en los conteos y respuestas coordinadas que garanticen protección, atención humanitaria y reparación del daño.
En su petición, las organizaciones solicitaron que la mesa incluya la participación directa de las comunidades afectadas, autoridades comunitarias, representantes de derechos humanos y dependencias federales y estatales, para diseñar una estrategia integral que vaya más allá de despliegues militares y que atienda las causas estructurales del conflicto.
Los colectivos señalaron que, hasta ahora, las acciones de las fuerzas públicas han sido en su mayoría reactivas y temporales, y demandaron políticas sostenidas de pacificación, prevención de la violencia y reconstrucción del tejido social en la Montaña Baja de Guerrero.
Familias desplazadas y organizaciones esperan la convocatoria oficial para la instalación de la mesa y advirtieron que mantendrán movilizaciones y exigencias públicas hasta obtener compromisos concretos y verificables.
